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Manifiesto - Jueces para la Democracia

Sábado, 10.04.10

fjsLa asociación judicial progresista Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales han difundido un manifiesto entre sus asociados en el que señalan a la Sala Penal del Tribunal Supremo como responsable del "resurgir de los (des)valores" del franquismo al seguir adelante con el procesamiento del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que califican de "hecho doloroso e injustificable".

Leer el Manifiesto (pdf)


EN LA TRADICIÓN DE JUSTICIA DEMOCRÁTICA. JUECES PARA LA DEMOCRACIA Y LA UNIÓN PROGRESISTA DE FISCALES

Justicia Democrática nació bajo la dictadura franquista como  una organización de profesionales de  la justicia que propugnaba  la instauración de un  régimen democrático y la devolución de los derechos y libertades a la sociedad, único marco posible donde  podría desenvolverse una  justicia garantista, democrática, capaz de proveer tutela efectiva a los derechos y libertades ciudadanas. En este proyecto Justicia Democrática compartió  espacio y  solidaridad con todos aquellos que luchaban por idénticos valores, arriesgando su vida, su libertad y sus posibilidades de desarrollo profesional.

De  aquel proyecto surgieron iniciativas ulteriores que desembocaron  en Jueces para la Democracia  y la Unión Progresista de Fiscales. La lucha por la democracia y las libertades públicas se inscribe en nuestra tradición y da nombre  a nuestras asociaciones. El apoyo  y la solidaridad con las víctimas de los crímenes y de la represión franquista constituye una parte esencial de nuestras señas de identidad.

Desde  la recuperación de las libertades, en el esquema  del Estado constitucional de derecho, las asociaciones que recogieron la herencia de Justicia Democrática  hemos tratado de profundizar en los valores constitucionales y democráticos que estuvieron en el origen de nuestra aparición.

La  sociedad española ha progresado desde entonces de  modo  notable. Pero todavía subsisten algunos temas pendientes como  consecuencia del olvido del pasado. La democracia no ha sido capaz de reparar la memoria  de las víctimas de la represión de la dictadura, hasta el extremo de que convivimos con la vergüenza de miles de personas cuyos restos permanecen indignamente enterrados en fosas comunes  o cuya suerte y su paradero es desconocido por sus familiares. A nivel judicial ninguna responsabilidad ha sido establecida por la autoría de tan horrendos crímenes. Este drama, una vergüenza nacional y una verdadera excepción en nuestro ámbito, resulta particularmente hiriente si se considera que la jurisdicción española ha sido capaz de perseguir a criminales contra la humanidad  por ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas sistemáticas o apropiación de niños cometidos en otros países, mientras miraba hacia otro lado respecto a los crímenes cometidos en España. La ley de memoria  histórica parte del reconocimiento de esa deuda, pero no ofrece una solución satisfactoria para las demandas de verdad, justicia y reparación de las víctimas del franquismo, como así fue denunciado por aquellos a quienes se dirigía.

En este contexto se produce el intento de investigación del juez Garzón, que fue promovido por las asociaciones que agrupaban a las víctimas y a sus familiares, hasta entonces en el desamparo. Se trataba de una investigación arriesgada, como  lo fueron los procesos seguidos contra Pinochet por los crímenes de la dictadura chilena y otras causas por crímenes internacionales –algunas de ellas iniciadas por la acción de la Unión Progresista de Fiscales-, pues suponía irrumpir en un espacio hasta entonces vedado para la jurisdicción. Pero, como  en aquellos casos, la investigación respondía a requerimientos del derecho internacional, a la lucha contra la impunidad de los másgraves crímenes contra la comunidad internacional, a la promoción  y defensa de los derechos humanos,  a la necesidad  de abrir nuevos espacios para  la persecución jurisdiccional de esas ofensas. Esta imaginación creativa, que consideró inaplicables las leyes de punto  final y obediencia debida y sirvió para asumir la competencia  de la jurisdicción (universal) española, permitió sentar en el banquillo a  dictadores y torturadores, genocidas, criminales de guerra y de lesa humanidad, iniciando una nueva etapa en la historia de  los derechos humanos   y su  afianzamiento universal. La competencia de la Audiencia  Nacional para investigar y enjuiciar tales hechos  fue también objeto de un intenso debate jurídico.

Cuestionar la ley de amnistía con base en el derecho internacional, que  niega validez a las normas  de impunidad  de los crímenes internacionales, no puede  ser un hecho delictivo, porque  entra en la función del juez como  intérprete de la legalidad ponderar las normas  que debe aplicar -nuestra cultura es incompatible con el modelo de juez autómata recto aplicador de la ley vigente sin capacidad para la interpretación-, aún mas cuando se hallan en conflicto como  aquí ocurre, y determinar la que considera aplicable para  mejor  hacer efectivos los valores constitucionales y  el derecho internacional de los derechos humanos.

Hoy  se ha abierto el camino  para que los herederos del franquismo y defensores de su memoria   sienten en  el banquillo de  los acusados a un  juez que se  había comprometido  en la lucha por los derechos y que de alguna manera, se quiera o no, simbolizaba esa  conquista civilizatoria, al  tiempo  que  se rompe   con  valores constitucionales y se ponen  en cuestión los compromisos  internacionales en materia de derechos humanos  adquiridos por el Estado español. Esa decisión constituye, para los que compartimos  idénticos principios, un  hecho doloroso e injustificable, en cuanto significa el resurgir de (des)valores que siempre hemos  rechazado, además  de quebrar con nuestra cultura de la legalidad y de la posición del juez en el Estado constitucional de derecho.

Madrid, 9 de abril de 2010.

Jueces   para  la  Democracia,   Unión   Progresista de   Fiscales (UPF), Magistrados Europeos  para la Democracia  y las Libertades (MEDEL),   Federación Latinoamericana  de Jueces para la Democracia.

Javier  Martínez  Lázaro   (magistrado), Ramón   Sáez  (magistrado), José Antonio Martín  Pallín (magistrado emérito de la Sala II del Tribunal Supremo), Amaya   Olivas (juez), José Ricardo  de  Prada  (magistrado), Tania  Chico  (juez), Antonio Gil Merino (magistrado  jubilado), Fernando   Andreu   (magistrado), Edmundo   Rodríguez  Achútegui (magistrado), Begoña  López  Anguita (juez), Mario Pestana (magistrado), Luis Carlos  Nieto (magistrado), José María  Mena   (fiscal jubilado), Celima  Gallego (magistrada), Carlos Marigorta  (juez), Monserrat  Comas (magistrada), Jorge Guillén Olcina (magistrado), Juan Romeo   (magistrado), Esther González (magistrada), Gregorio Álvarez  (magistrado), Clara  Penín (magistrada), Raquel  Amado   Pico (fiscal), Miguel  Ángel  Pérez  (juez), Emilio Sánchez  Ulled (fiscal, Presidente UPF),  Francisco Javier Pérez Ruiz (fiscal), José Mª. Fernández Seijo (magistrado), Ximo  Bosch  (juez), Carlos  Jiménez Villarejo (fiscal de Sala del Tribunal Supremo jubilado), Ignacio  González   Vega (magistrado), Manuela Carmena (magistrada), José  Jiménez  Villarejo (ex Presidente de  la Sala II del Tribunal  Supremo, magistrado TS jubilado), José Joaquín Pérez Beneyto (magistrado), Carlos Castresana (fiscal en excedencia, comisionado ONU),  Blas Alberto González Navarro (magistrado), María Moretó Matosas (fiscal), Ignacio Fernández  Soto (magistrado), Carmen   Sánchez-Albornoz (magistrada), Pedro Benito López Fernández (magistrado), Mercedes del Molino (magistrada), Ricardo Bodas (magistrado), José Manuel  Buján (magistrado), Antonio Seone (magistrado), Carlos Urbano Garzón (fiscal), Francisca Arce (magistrada), Miguel Ángel Aguilar García (fiscal), Heriberto Asencio Cantisán (magistrado), Vito Monetti (Presidente de MEDEL),  Gerónimo  Sanso (Presidente de la Federación Latinoamericana de Jueces para la Democracia), Jesús I. Rodríguez Alcázar (magistrado), Miguel Ángel Martín  Maestro (magistrado), Jordi Agustí (magistrado del Tribunal Supremo), Carlos López Keller (magistrado jubilado), Pablo Aramendi  (magistrado), Antonio Doñate (magistrado), Maria Antonia Lozano (magistrada)

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