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Hasta cuando?

Miércoles, 15.02.12

Corto protagonizado por hombres y mujeres del mundo de la cultura de España, que asumen la voz de víctimas de la dictadura franquista. Las familias de estas víctimas se dirigieron al Juez Garzón solicitando amparo y justicia. Pedían lo que consideran un deber y un derecho: encontrar los restos de sus desaparecidos y darles sepultura digna. El Juez Garzón fue procesado por el delito de oír a las víctimas.

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publicado por Fundación Saramago

La reacción de Baltasar Garzón

Viernes, 10.02.12

Nota de Baltasar Garzón ante la sentencia de la Sala 2 del Tribunal Supremo en la causa seguida contra el mismo

Rechazo frontalmente la sentencia que me ha sido notificada en el día de hoy.

Lo hago por entender que no se ajusta a derecho, que me condena de forma injusta y predeterminada.

He trabajado contra el terrorismo, el narcotráfico, los crímenes contra la humanidad y la corrupción. Lo he hecho con la ley en la mano y en unión de fiscales, jueces y policía. En este trabajo, siempre he cumplido con rigor las normas, he defendido los derechos de los justiciables y de las víctimas en situaciones muy adversas.

Ahora y a lo largo de este procedimiento, mis derechos han sido sistemáticamente violentados, mis peticiones de defensa desatendidas, el juicio oral una excusa, cuyo contenido ha sido utilizado sólo contra mí, prescindiendo de los elementos favorables que me beneficiaban, para, con ello, poder dar forma a una sentencia que ya estaba anunciada desde hace meses.

Mi actuación en el denominado caso Gürtel, se ajustó a la ley y en su desarrollo, tomé todas las medidas para garantizar el derecho de defensa y la investigación de delitos muy graves relacionados con la corrupción, partiendo de los contundentes indicios y para evitar la continuidad delictiva de blanqueo de dinero de los jefes mafiosos que utilizaban, como ya lo habían hecho antes, a los abogados designados.

Se me ha impedido aportar las pruebas que lo demostraban y se ha prescindido de la implicación y participación de abogados en la trama.

La afirmación que se contiene en la sentencia para justificar el supuesto dolo de que “la inclusión de la cláusula previniendo el derecho de defensa dejando a un lado su efectividad, revela que sabía que su resolución afectaba a este derecho” es una aberración que contradice todo el sentido de la misma y se utiliza para eliminar la base de mi absolución. La sentencia no dice en ningún momento cual es el daño producido en el derecho de defensa y no lo dice sencillamente porque no existe. Lo inventa. Así mismo falta a la verdad cuando se dice que no se ejecutó la medida de salvaguardar dicho derecho, cuando personalmente me cuide de garantizarlo y así lo avalan las pruebas practicadas e ignoradas por el tribunal.

Esta sentencia, sin razón jurídica para ello ni pruebas que la sustenten, elimina toda posibilidad para investigar la corrupción y sus delitos asociados abriendo espacios de impunidad y contribuye gravemente, en el afán de acabar con un concreto juez, a laminar la independencia de los jueces en España.

Acudiré a las vías legales que correspondan para combatir esta sentencia y ejerceré todas las acciones que sean pertinentes para tratar de paliar el perjuicio irreparable que los autores de esta sentencia han cometido.

Madrid a 9 de febrero de 2012

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publicado por Fundación Saramago

Garzón dice adiós a la carrera judicial al ser condenado a 11 años de inhabilitación

Jueves, 09.02.12

El juez Baltasar Garzón ha sido condenado a 11 años de inhabilitación por las escuchas en prisión a los corruptos del caso Gürtel, trama vinculada al PP, lo que implica su expulsión de la carrera judicial. La condena añade además el pago de una multa y las costas. En una sentencia durísima, los jueces del Supremo acusan a Garzón de haber utilizado “prácticas de regímenes totalitarios” utilizando los mismos argumentos que el juez instructor, Alberto Jorge Barreiro. Garzón, según su abogado, Francisco Baena Bocanegra, está "desolado" y estudia ya si recurre ante el Constitucional.

Para sus jueces, Garzón causó “una drástica e injustificada reducción del derecho de defensa y demás derechos afectados anejos al mismo”. La sentencia homenajea al instructor Alberto Jorge Barreiro, al utilizar sus palabras y tildar de “laminación” de esos derechos la disposición de las escuchas. Incluso utiliza sus mismos razonamientos en el sentido de que Garzón habría “colocado a todo el proceso penal español, teóricamente dotado de las garantías constitucionales y legales propias de un Estado de Derecho contemporáneo, al nivel de sistemas políticos y procesales característicos de tiempos ya superados”. También le atribuye prácticas que en los tiempos actuales solo se encuentran en los regímenes totalitarios en los que todo se considera válido para obtener la información que interesa, o se supone que interesa, al Estado, prescindiendo de las mínimas garantías efectivas para los ciudadanos y convirtiendo de esta forma las previsiones constitucionales y legales sobre el particular en meras proclamaciones vacías de contenido”.

Según la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Miguel Colmenero , “ninguno de los métodos de interpretación del derecho usualmente admitidos que hubiera podido seguir el acusado respecto de esos preceptos, le habría conducido a concluir de forma razonada que es posible restringir sustancialmente el derecho de defensa, con los devastadores efectos que ocasiona en el núcleo de la estructura del proceso penal, en las condiciones en que lo hizo”.

El tribunal dice que no se podía grabar “sin disponer de ningún dato que pudiera indicar mínimamente, en una valoración razonable, que la condición de letrado y el ejercicio del derecho de defensa se estaban utilizando como coartada para facilitar la comisión de nuevos delitos” . “No se trata, pues, de una interpretación errónea de la ley, sino de un acto arbitrario, por carente de razón, que desmantela la configuración constitucional del proceso penal como un proceso justo”, añade el texto.

El Supremo sostiene que “la injusticia” de Garzón consistió en acoger una interpretación de la ley según la cual podía intervenir las comunicaciones entre el imputado preso y su letrado defensor basándose solamente en la existencia de indicios respecto a la actividad criminal del primero, sin considerar necesario que tales indicios afectaran a los letrados”. “Lo cual”, añaden, “resulta inasumible desde cualquier interpretación razonable del Derecho”.

El tribunal entiende que no se puede reducir con carácter general el derecho de defensa “exclusivamente con base en la gravedad del delito investigado y en los indicios existentes contra el primero, que son precisamente los que determinan su permanencia en prisión provisional”.

“Bastaría entonces para justificar la supresión de la confidencialidad en las comunicaciones del imputado con su letrado defensor con basar la prisión provisional en evitar el riesgo de que el imputado cometa otros hechos delictivos” añade el texto. “Esta forma de actuar causaría una destrucción generalizada del derecho de defensa, que no tiene cabida en la Constitución”.

En suma, la resolución es injusta “ en tanto que arbitrariamente restringe sustancialmente el derecho de defensa de los imputados en prisión, sin razón alguna que pudiera resultar mínimamente aceptable”.

Como “elementos añadidos” el Supremo dice que la aplicación de la ley por Garzón se efectuó “separándose absolutamente de la doctrina del Tribunal Constitucional y de esta Sala del Tribunal Supremo”. A su entender la actuación de Garzón se revela “a ojos de cualquiera, como un acto de mero voluntarismo que, por su contenido, se alejaba de modo arbitrario y absoluto de la aplicación razonada del Derecho causando un daño totalmente injustificado y difícilmente reparable en los derechos de defensa de los imputados y, en su medida, en los derechos de los letrados afectados, especialmente al derecho-deber al secreto profesional como esencial para una correcta defensa”.

La acusación, sustentada por los jefes corruptos, Francisco Correa y Pablo Crespo, además de por el abogado Ignacio Peláez, que representa al empresario vinculado a la trama José Luis Ulibarri, reclamaba entre 10 y 17 años de inhabilitación para Garzón por haber vulnerado su derecho de defensa al haber intervenido sus comunicaciones en prisión.

“Monstruoso”, “infamante”, “injusto”, “barbaridad” “inconstitucional”… La acusación del juez Baltasar Garzón no se ha ahorrado durante el juicio descalificaciones al presentar al acusado como un juez prevaricador y violador sistemático de todos los derechos constitucionales, “una suerte de Gran Hermano que todo lo escucha y todo lo ve”. Eso sí, siempre entre cantos al compañerismo y siempre lamentando la “ingrata tarea” y el “gran malestar” que les produce tener que acusar a un compañero como Garzón, con el que compartieron tantas tareas en la Audiencia Nacional. Pero como hoy visten la toga que visten, pues no tienen más remedio que evitar que se violen sus derechos constitucionales.

Los fiscales del Tribunal Supremo Antolín Herrero y Pilar Valcárcel defendieron la legalidad de la actuación del juez Baltasar Garzón al intervenir las conversaciones a los dirigentes de la trama Gürtel porque su actuación fue “proporcionada” a la gravedad de los delitos y han pedido al alto tribunal la absolución del magistrado.

En su informe, Antolín Herrero mantuvo que el juez Baltasar Garzón no vulneró la ley, ante un vacío de interpretación que da margen al juez para llevar adelante la instrucción garantizando los derechos de los imputados.

El fiscal dejó claro que el acusador Ignacio Peláez no fue “expresamente llamado” cuando se entrevistó en la cárcel con Crespo y Correa, porque no eran clientes suyos y su cliente, el empresario José Luis Ulibarri, no estaba preso. Según el fiscal, “la condición de defensor no corresponde a ese letrado y por eso, a él, la peculiaridad de las comunicaciones no le atañe”.

El abogado de Garzón en este caso, el penalista sevillano Francisco Baena, ha explicado cómo se siente el juez tras conocer el fallo: "Puede usted imaginárselo: Una vida entera dedicada a la judicatura y que de pronto te digan que se ha acabado... Es para estar desolado. Confieso que yo participo de su desolación y dolor". Baena ha dicho que discrepa "profundamente" del fallo, porque siempre ha sostenido que solo cabía la absolución de su cliente. Además, ha señalado que estudiará la resolución y que, "si su contenido lo permite", acudirá al Tribunal Constitucional y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. "Pero eso depende del estudio detenido de la resolución y, desde luego, de la voluntad de mi cliente".

*

Nem leis, nem justiça
José Saramago

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Las declaraciones de los jueces
Punts de vista

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Las lagrimas del Juez Garzón

Martes, 17.01.12

En el día en que comienza el juicio de Baltasar Garzón, recuperamos las palabras de José Saramago en su Cuaderno sobre el juez que ha hecho de las causas por la Memoria Histórica una de sus luchas:

Ni leyes ni justicia

En Portugal, en la aldea medieval de Monsaraz, hay un fresco alegórico de finales del siglo XV que representa al Buen Juez y al Mal Juez, el primero con una expresión grave y digna en el rostro y sosteniendo en la mano la recta vara de la justicia, el segundo con dos caras y la vara de la justicia quebrada. Por no se sabe qué razones, estas pinturas estuvieron escondidas tras un tabique de ladrillos durante siglos y solo en 1958 pudieron ver la luz del día y ser apreciadas por los amantes del arte y de la justicia. De la justicia, digo bien, porque la lección cívica que esas antiguas figuras nos transmiten es clara e ilustrativa. Hay jueces buenos y justos a quienes se agradece que existan, hay otros que, proclamándose a sí mismos justos, de buenos tienen poco, y, finalmente, además de injustos, no son, dicho con otras palabras, a la luz de los más simples criterios éticos, buena gente. Nunca hubo una edad de oro para la justicia.Hoy, ni oro, ni plata, vivemos en tiempos de plomo. Que lo diga el juez Baltasar Garzón que, víctima del despecho de algunos de sus pares demasiado complacientes con el fascismo que perdura tras el nombre de la Falange Española y de sus acólitos, vive bajo la amenaza de una inhabilitación de entre doce y dieciséis años que liquidaría definitivamente su carrera de magistrado.

 

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Garzón denuncia al Supremo ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo por la causa del franquismo

Viernes, 25.03.11

fjsEl juez Baltasar Garzón ha denunciado al Supremo ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. El magistrado cuestiona el procedimiento abierto contra él por la investigación de los crímenes del franquismo y alega indefensión. Además de ésta también tiene abiertas otras dos causas pendientes en el alto tribunal: los cursos que impartió en Nueva York y las escuchas del caso Gürtel.

En la demanda, el magistrado alega que su procesamiento ataca a la independencia de los jueces, a la libertad de interpretación de la ley y al Estado de derecho "al dejar indefensas a las víctimas".

El juez, que se encuentra suspendido provisionalmente de sus funciones en la Audiencia Nacional y actualmente es consultor de la Fiscalía en la Corte Penal Internacional, está representado por Interights, una organización establecida en Londres y especializada en litigios internacionales sobre casos de derechos humanos.

Con su demanda ante el Tribunal de Estrasburgo, Garzón denuncia la violación por parte del Supremo del principio de independencia judicial. "La normativa internacional en materia de independencia judicial impide el enjuiciamiento de los jueces por sus decisiones judiciales a fin de preservar su independencia", se dice en el texto. Fuentes próximas al magistrado explican que la suspensión provisional decretada por el alto tribunal le ha acarreado un grave perjuicio ya que se le ha privado de su derecho a desempeñar sus funciones como juez y que, aunque posteriormente fuera absuelto, el daño no desaparecería, pues han sido muchos los procedimientos y causas en las que debería haber participado y que su suspensión ha impedido.

La finalidad del escrito presentado ayer en Estrasburgo es precisamente "reivindicar el derecho del juez Garzón a desempeñar sus obligaciones sin miedo a la persecución judicial". La demanda también cuestiona los argumentos esgrimidos por el Supremo para imputar a Garzón. "La opinión de que las amnistías y la prescripción no se aplican a delitos graves en virtud del derecho internacional, incluidos los crímenes contra la humanidad, cuenta con un apoyo generalizado en todo el Derecho y la práctica internacionales". Para los defensores de Garzón no debería calificar se arbitraria o carente de razón la interpretación dada por el magistrado para investigar los crímenes del franquismo sino que "está avalada por muchos otros tribunales y organismos tanto en el ámbito nacional como en el internacional".

El Supremo tiene paralizado este procedimiento hasta que se resuelvan las recusaciones propuestas por Garzón contra cinco de los siete magistrados del alto tribunal que debe juzgarlo.

El pasado día 17, la Sala Penal del Tribunal Supremo volvió a rechazar otro recurso del juez en el caso de los cursos, en esta ocasión contra la solicitud de pruebas documentales y testificales, que consideró "innecesarias". El recurso del juez suspendido de funciones había sido apoyado por el Ministerio Fiscal.

Garzón había propuesto al instructor Manuel Marchena que se utilizasen los cauces del derecho internacional para que, a través de una comisión rogatoria a Estados Unidos, se aportasen los soportes documentales de sus nóminas. El instructor lo rechazó y la Sala Penal, integrada por los magistrados Juan Saavedra, Miguel Colmenero (ponente), Andrés Martínez Arrieta, Julián Sánchez Melgar y José Manuel Maza, ratificaron una vez más todas las decisiones del instructor.

La Sala Penal partía de la premisa de que no se trata de realizar una "investigación exhaustiva" en esta "fase previa" de la investigación, sino sólo la práctica de las "diligencias imprescindibles".

"Quiero despedirme..."

En su última aparición pública, el pasado día 14, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, durante la presentación del libro La fuerza de la Razón, una entrevista que le hizo el escritor Manuel Rivas, Garzón dijo: "Quiero despedirme aquí, entre estas columnas que respiran cultura, antes que en una sala de juicios".

El juez se siente condenado aunque, al ser preguntado aquel día por esta cuestión respondió: "No depende de mí, ni siquiera de quienes lo van a decidir en primera instancia". Y añadió: "Injusticia es lo que ocurre ahora en Japón o en Libia. El que se me juzgue a mí es un síntoma de que soy un ciudadano más", dijo.

Asesor de la OEA

Por otra parte, Garzón trabajará como asesor de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP) en Colombia de la Organización de Estados Americanos (OEA), confirmó hoy a Efe una fuente del organismo interamericano. La misma fuente aseguró que Garzón comenzará su cometido "cuanto antes" y que ahora están en curso "conversaciones" con el juez para precisar los términos y los detalles de su nuevo cargo.

Fuente: elpais.com

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"Ya me puedo morir tranquilo"

Sábado, 23.10.10

fjsRodeados por una exposición de fotografías de algunas de las 231 exhumaciones practicadas en los últimos 10 años, de sus triunfos, familiares de víctimas han repasado hoy, una década después de la primera, los deseos que no han podido cumplir y el peor trago: el procesamiento del juez Baltasar Garzón por atender sus demandas e intentar abrir una causa contra los crímenes del franquismo. Les han acompañado forenses, historiadores, magistrados del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional, catedráticos y abogadas de causas perdidas (en España) para analizar por qué no ha sido posible hacer en España lo que sí ha ocurrido en otros países con procesos similares.

"La española es la única transición a la democracia del mundo que se ha hecho sin justicia", ha asegurado el juez de la Audiencia Nacional Ramón Sáez Valcárcel, compañero del suspendido Garzón. "La transición se hizo aquí desde las instituciones franquistas y no se puede decir que fue un proceso modélico al ver las fotos de las exhumaciones, que me han emocionado mucho. Ya es hora de resolver esto. De hacer justicia a las víctimas. En las fosas y en las sentencias".

El juez, como el magistrado del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, criticó que la Ley de Memoria Histórica declare ilegítimos a los tribunales franquistas pero que no haya anulado sus sentencias. "La sala de lo militar dijo en 2004 que no podía anular los juicios sumarísimos del franquismo porque obedecían a la legislación vigente". "¿Se imaginan que un juez alemán dijera que la legislación nazi era la vigente? ¡Tendría problemas con el Código Penal!", ha asegurado Martín Pallín.

Ambos magistrados pusieron de relieve la contradicción que suponía, a su juicio, que "el único procesado en relación con los crímenes más graves que se han cometido en este país haya sido el juez que intentó investigarlos", en referencia a Baltasar Garzón, presente en todos los turnos de palabra de estas jornadas celebradas en la Universidad de Ponferrada.

Ana Messuti, abogada en la querella que familiares de víctimas y asociaciones de derechos humanos han presentado en Argentina contra los crímenes del franquismo, animó a los familiares presentes a sumarse al intento. "Tengo aquí toda la documentación necesaria. Les invito a querellarse". Antes había relatado las grandes diferencias entre el proceso de la dictadura argentina y el español: "Tenemos abiertos 600 juicios. Los hijos están yendo a declarar frente a los asesinos de sus padres. Es duro, pero es justicia".

Vicenç Navarro, catedrático de Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Pompeu Fabra,y antiguo exiliado , ha asegurado: "La dictadura franquista fue la más cruel del siglo XX en Europa". "Por cada muerto del bando franquista hay 10.000 del republicano". Navarro ha criticado el "maniqueísmo" con el que se había "tergiversado la historia de la Guerra Civil: "¡Los buenos han sido los malos!" , los que Franco consideraba, "una raza inferior", ha añadido.

Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica recordó el miedo del que fue testigo hace 10 años cuando recuperó los restos de su abuelo, fusilado en 1936, ayudado por forenses y arqueólogos amigos. "La gente susurraba, bajaba las ventanas para hablar de esto" . "Un periodista dijo entonces que los nietos volvían a por la venganza. Se equivocaba. Todo lo que escucho cuando entregamos los restos identificados a algún familiar es: Ya me puedo morir tranquilo". "Con cada fosa abierta se ha cerrado una herida", ha añadido Santiago Macías, vicepresidente de la asociación.

Fuente: elpaís.com

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